En México se ha instaurado la práctica de usar el sistema penal de manera arbitraria contra personas que denuncian violaciones a derechos humanos, que las investigan y que acompañan a las víctimas de esas violaciones en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral del daño. Así lo advierte Amnistía Internacional México en su último informe Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México.
El informe Informe: “#Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”, dado a conocer hoy, documenta los casos de la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti, quienes fueron sujetas a una investigación indebida y a espionaje por parte del Estado mexicano por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro. La intervención de las autoridades se dio sin que contaran con evidencias suficientes que mostraran la relación de las tres personas defensoras con alguno de los delitos referidos. La investigación y el espionaje ocurrieron cuando las tres defensoras trabajaban, desde sus distintas disciplinas, para esclarecer las masacres de personas de diversas nacionalidades halladas en agosto de 2010 y abril de 2011 en San Fernando, Tamaulipas.
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