● En 3 de cada 10 conferencias matutinas del expresidente hubo ataques al Poder Judicial.
● 135 iniciativas de reforma constitucional y de leyes secundarias buscaron modificar su estructura institucional.
● Se debilitó su independencia, afectando su función como contrapeso frente al poder político y comprometiendo la división de poderes.
Ciudad de México, 4 de julio de 2025.- Es necesario mirar seis años atrás para entender la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial en 2024, cuyo principal objetivo fue la remoción de todas las personas juzgadoras del país para someter sus cargos al voto popular.
¿Cómo se gestó una reforma de tal magnitud e inédita en el mundo? ¿Quiénes fueron los principales actores y promotores de la reforma? ¿Por qué de repente este poder fue el blanco de diversos ataques retóricos e institucionales?
Estas preguntas dieron origen al informe “La independencia judicial en jaque. Ataques al Poder Judicial en México, 2018-2024”, donde documentamos los ataques retóricos, institucionales y legislativos impulsados desde el Ejecutivo y el Legislativo durante 2018–2024.
Este informe analiza la manera en que se fue construyendo desde el poder político una narrativa populista en contra del Poder Judicial, al mismo tiempo que se proponían reformas constitucionales que debilitaron su legitimidad y su función de contrapeso. El análisis muestra cómo en un sexenio se logró subvertir la independencia judicial, en detrimento del equilibrio entre los poderes públicos y de la democracia.
Se identificó que en el 30% de las conferencias de prensa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se realizaron ataques en contra del Poder Judicial, mientras que por parte de la Cámara de Diputados, se identificó que en 24% de sus sesiones, los diputados atacaron la legitimidad de las personas juzgadoras. Mientras que el Senado lo hizo en 22% de las sesiones.
Se identificaron ataques en cuatro categorías: la deslegitimación, el ataque a la separación de poderes, los embates presupuestales y la reforma judicial. Entre enero de 2019 y septiembre de 2024, se observó que la mayoría de los ataques se centraron en deslegitimar al Poder Judicial de la Federación (PJF).
A través del análisis de los ataques retóricos en las conferencias matutinas del Ejecutivo y en las sesiones legislativas del Congreso, fue posible notar que la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte produjo un incremento en los ataques en contra del Poder Judicial.
Otra forma de ataques fueron aquellos que se realizaron mediante actos legislativos. En total, en el sexenio se identificaron 135 iniciativas de reforma constitucional y de leyes secundarias que buscaron modificar la estructura institucional del Poder Judicial. El 52% de esas iniciativas fueron presentadas por legisladores de MORENA y su coalición, mientras que el resto fueron presentadas por legisladores de la oposición. En más de la mitad de las iniciativas (59%) se atenta contra la “independencia judicial”, mostrando una tendencia clara hacia la intervención en el diseño institucional y la autonomía del PJF.
En este recorrido, no sólo miramos hacia atrás, también damos cuenta de los impactos que tendrá la reforma constitucional de 2024, principalmente en tres rubros: la elección por voto popular de todas las personas juzgadoras del país, la creación de un tribunal de disciplina judicial y la nueva “carrera judicial”.
Como lo vimos en la primera elección judicial celebrada el pasado 1° de junio, se politizará al Poder Judicial, ya que las personas juzgadoras actuarán conforme a las expectativas de sus electores, grupos de interés o de los partidos políticos que los respaldaron, comprometiendo su independencia y capacidad de control frente al poder. La reforma no resuelve los problemas en el sistema de justicia, sino que los ahonda.
Esta reforma transforma el rol del Poder Judicial en nuestra democracia. El informe busca contribuir a una reflexión urgente sobre los límites del poder y la defensa del Estado de Derecho, para discutir los verdaderos obstáculos para acceder a la justicia para la población y los grupos más vulnerables en México.
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