La llegada o entrada al territorio de un Estado resulta clave en la realización del acceso a la justicia de quienes migran o, más genéricamente, de quienes se hallan en situación de movilidad. En los últimos años, en muchos países y regiones del mundo se ha adoptado una serie de medidas —acuerdos de readmisión, excepciones de países seguros, operaciones de expulsión y no admisión, y la creación en territorio nacional de zonas de excepción legal en las que prevalece la presunción de no admisión— que debilitan o impiden el acceso efectivo a la justicia de las personas migrantes. Estas medidas, que tienen por finalidad facilitar la devolución de las personas migrantes de forma expedita, suelen privarlas de su derecho a buscar protección internacional y a que sus casos sean evaluados individualmente con respeto a sus garantías procesales, por lo que son incompatibles con el principio de no devolución.