Gobierno federal no acepta que hay desapariciones con complicidad del Estado

A pesar de que el gobierno federal reconoce que México sufre una crisis humanitaria en materia de derechos humanos, no ha aceptado la participación del Estado en desapariciones, denunció el investigador de Amnistía Internacional (AI) sobre México, Rupert Knox.
Al presentar el informe “Enfrentarse a una pesadilla: La desaparición personas en México”, Knox detalló que las desapariciones en el país se convirtieron en un fenómeno común porque las autoridades federales y estatales las han tolerado y se han negado a erradicarlas.
El informe indica que aun con amplios indicios con respecto a implicación de autoridades municipales, estatales y federales en desapariciones forzadas, el gobierno adolece de medidas para reconocerlo y aplicar justicia.
Si bien el gobierno federal reconoció que existieron 26,000 desapariciones durante el sexenio pasado, no se hace una separación con respecto a cuáles son forzadas y cuáles corresponden a otro tipo de casos. AI destaca también que estos números son controversiales, pues muestran la negligencia en recabar la información sobre personas desaparecidas. “Es una muestra de la realidad, no de la totalidad, porque el Estado nunca ha tomado las medidas para casos en que personas han sido llevadas a la fuerza, sea por delincuentes o por actores del Estado”, expresó Knox.
El investigador sobre México comentó que en el pasado, durante la administración del expresidente Felipe Calderón, la tendencia era presumir que el responsable era el crimen organizado, ello, en sus palabras, conduce a la no investigación y la revictimización.
El texto de Amnistía Internacional reporta que de acuerdo con la PGR, entre el 2006 y enero del 2012 sólo hubo dos procesamientos de ámbito federal por desaparición forzada que se saldaron con sentencia condenatoria; ambos casos estaban relacionados con delitos cometidos en el 2009.
El documento da cuenta de que la pasividad del Estado permite que prospere un clima de impunidad, promoviendo con ello que sean los familiares quienes luchen por la obtención de la verdad y justicia, situación que los expone a riesgos.
“Uno de los principales desafíos de derechos humanos a los que se enfrenta el gobierno de Enrique Peña Nieto es poner fin a la crisis de las desapariciones, localizar a las víctimas y hacer rendir cuentas a los responsables, con independencia de que sean delincuentes o funcionarios públicos”, indicó Knox.
Sobre las acciones prometidas por el gobierno federal, Knox las consideró aisladas y sin alcance contra la inacción sistemática de autoridades federales y estatales, y la implicación de funcionarios públicos en desapariciones forzadas.
“El nombramiento de 12 investigadores para la nueva unidad especial de búsquedas, que se encargará de miles de casos, no es una señal convincente del elevado grado de compromiso para abordar esta crisis nacional”, dijo.
 
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