13 de mayo de 2026
Hace ya 14 años de una de las tragedias más horrendas de la historia reciente: la masacre de 49 personas, cuyos cuerpos desmembrados fueron dejados en la vía pública en Cadereyta, Nuevo León, y una manta en la que el cartel de Los Zetas presuntamente se atribuía el crimen.
La masacre ha quedado grabada como un caso emblemático de violencia extrema contra la población migrante, en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”. A 14 años, no se han esclarecido los hechos, no hay sentencia condenatoria, apenas cuatro sujetos han sido procesados, faltan 30 cuerpos por identificar y las extremidades faltantes de los cuerpos (exigencia constante de las familias) no han sido localizadas. Aunado a ello, las familias de las víctimas identificadas no han sido reparadas así como tampoco se ha dado la disculpa pública correspondiente por parte de las autoridades de Nuevo León, pese a que la Recomendación 8VG/2017 fue aceptada en su totalidad por las autoridades recomendadas (el Gobierno de Nuevo León, el Gobierno de Tamaulipas y la Fiscalía General de la República).
En suma, un claro ejemplo de impunidad y revictimización que mina cada día más la confianza de las víctimas en el gobierno mexicano. Las familias de 10 víctimas hondureñas de la masacre son las que han dado la batalla por la verdad, justicia y reparación. Agrupadas en el comité COFAMICENH de Honduras, esas familias han hablado, exigido y trabajado por todas, por las 49 víctimas, mexicanas, hondureñas, nicaragüenses, guatemaltecas y posibles otros países. Insisten sin descansar en el derecho a la verdad, justicia y reparación, en la deuda histórica del Estado mexicano para con sus seres queridos, ellas mismas y la sociedad en general.
Desde el 2020, 10 núcleos familiares de Honduras se han sometido a todas las etapas, requerimientos y exigencias del proceso de acceso a la reparación del daño ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV): oficios, formatos, entrevistas multidisciplinarias, manifestaciones de daño, etc. Los expedientes quedaron integrados desde julio de 2025, sin embargo, hasta la fecha el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV no ha emitido el dictamen correspondiente ni ha respondido a las solicitudes de información de las víctimas y sus asesores, contrario a ello ha solicitado a las familias una y otra vez, documentación previamente entregada a la institución .
En diciembre de 2025, familiares de las víctimas se dirigieron en video a la Comisionada Martha Yuriria Rodríguez Estrada para pedirle que los recibiera, Dora Varela, hermana de una de las víctimas le reclamó que por favor “tengan un poquito de empatía”, “son 13 años los que han pasado ya y no se ha hecho nada, las familias de Cadereyta necesitamos respuestas.” La petición volvió a encontrarse con el silencio inexplicado de la Comisionada. La CEAV tiene la oportunidad de demostrar que todas las víctimas importan y de marcar un precedente que contribuirá a reforzar la confianza en la institución y en las nuevas políticas del gobierno federal en materia de acceso a la justicia. A #14AñosDeCadereyta #ReparaciónIntegralYa
