Vive México crisis humanitaria por desapariciones forzadas: PGR

Claudia Rodríguez / El Sol de México
Ciudad de México.- Al concluir el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes, reconoció que México vive una crisis humanitaria en el caso de las desapariciones de personas ante la cantidad de víctimas de este crimen.
El funcionario federal señaló en su mensaje que, “se reconoce que hay un periodo de violencia que ha tenido como consecuencia lo que no he tenido empacho en señalar como crisis humanitaria por la cantidad de personas cuyo paradero se desconoce”.
García Cervantes dijo que muchos de los desaparecidos fueron vistos por última vez “en manos” de las autoridades como el Ejército, la Marina o policías federales y municipales.
Aceptó que ningún ciudadano está exento de este crimen, por lo que hizo un llamado de solidaridad a la sociedad civil: “La respuesta que se espera solidaria y obligada como sociedad está por llegar, se necesita un esfuerzo de intelectuales, políticos. Estoy esperando que surja de la sociedad, esa nueva conciencia de que lo que ha pasado le puede pasar a cualquiera”, expuso.
Añadió: “El resto de la sociedad está en riesgo de venir a hermanar su dolor porque cualquiera puede estar en la circunstancia de que un día sale un familiar y nunca más o durante mucho tiempo no se sabe dónde está”, dijo.
Dijo que el Gobierno federal no tiene claridad sobre cuántas denuncias han sido presentadas contra funcionarios públicos que podrían ser responsables de desaparición forzada de personas.
Señaló que la institución a la que pertenece tendrá que concentrar en una misma unidad la investigación judicial contra los responsables para darles seguimiento e integrar la averiguación previa respectiva.
Agregó que además de los casos documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), están los documentados por Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), integrados en los informes presentados este año.
“Seguramente hay más de 30 (de la CNDH), algunas han estado señaladas por HRW o AI pero al margen de esos reportes e informes habrá que concentrar las averiguaciones previas en una sola entidad. Hoy por hoy se ven en distintas subprocuradurías y su cuantificación es difícil, yo mismo no la tengo”, afirmó.
Indicó que esta unidad donde serían concentrados los casos dependerá de la reestructuración que se está llevando al interior de la PGR.
Lo anterior, en respuesta a las declaraciones que hizo en este mismo Foro el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, quien dijo que hay prueba de que 30 personas fueron desaparecidas por funcionarios y no han sido llevados a la justicia.
Sobre los dos mil 443 casos señalados por la CNDH donde se presume participación de elementos del Estado, García Cervantes dijo que la PGR no ha recibido denuncia alguna, solo de los 30 casos comprobados y concentrados en 12 recomendaciones.
Agregó que la concertación de los casos se vuelve compleja ya que 200 expedientes militares fueron trasladados de la justicia castrense a la PGR y muchos de ellos serían de desaparición forzada.
Fueron tres días de deliberaciones entre autoridades, expertos y familias afectadas, en los que se concluyó con un pliego de propuestas concretas para la búsqueda e investigación de todos los casos documentados de desaparición.
Se demandó a la autoridad la creación de un programa nacional de búsqueda, basado en un mecanismo de respuesta inmediata, que permita realizar rastreos efectivos de las víctimas de desaparición, así como establecer sistemas de colaboración directa entre instancias federales (como el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la PGR) y organismos estatales, principalmente las procuradurías de cada entidad, para eliminar las trabas burocráticas que obstaculizan la localización de los afectados, así como de los presuntos responsables.
Al respecto, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, consideró que “esta es una crisis humanitaria y su reconocimiento implica que el Estado tome acciones extraordinarias, ya que los cuidados paliativos sólo prolongan la circunstancia que genera las desapariciones”.
No obstante, García Cervantes consideró que el pliego de propuestas diseñado por los participantes en el foro, principalmente familiares de víctimas de desaparición, “es tan basto que, de entrada, se enfrenta con algo que se quiere evitar: generar expectativas sin horizonte de tiempo”, por lo que lo calificó como “una gran construcción teórica, pero sin discernimiento y racionalidad en el plazo inmediato, en el corto y en el mediano plazo, hay que discernir, matizar y racionar los plazos”.
Apuntó que el pliego de recomendaciones, “está planteado en la necesidad de fundar la esperanza en una exigencia a las autoridades”, sin embargo “hay que señalar claramente a cada una de las autoridades responsables (de llevarlo a la práctica): en el pliego hay medidas que son de orden legislativo, hay otras que son de orden estatal, y aunque no se mencionan también hay responsabilidad de los municipios y, por supuesto, de las autoridades federales”.
Sin embargo, destacó, “no es el momento de hacer un diagnóstico distinto al que se hizo en estos tres días, y la exigencia que se hace, basada en la fuerza constructiva que aquí se presenció, puede vigorizar y alimentar a instituciones moribundas”.
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