Desde 2013, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrática de Derecho (FJEDD) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) la entrega de una versión pública de los expedientes de las investigaciones que integra con motivo de la masacre de las 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas; de los 193 restos encontrados en las fosas clandestinas de San Fernando y de los 49 torsos humanos encontrados en Cadereyta, Nuevo León. A pesar de que estas masacres constituyen violaciones graves a los derechos humanos la PGR se ha negado sistemáticamente a entregar la versión pública de los expedientes, violando la ley general de transparencia.
A la fecha, ni las víctimas ni la sociedad puede tener claridad sobre la participación de servidores públicos en estas masacres o sobre las investigaciones que se llevaron a cabo.
Por su parte el IFAI (ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) resolvió que no tenía facultad para determinar si las masacres constituían graves violaciones a derechos humanos.
La FJEDD promovió un juicio de amparo en contra de esta decisión que fue turnado al Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Fernando Silva García. En una sentencia histórica, el juez de distrito determinó prima facie , que las tres masacres de migrantes constituyen graves violaciones a derechos humanos. Por ello, ordenó a la PGR que entregara a la FJEDD las versiones públicas de los expedientes que contiene las investigaciones que ha realizado sobre estos hechos.
Asimismo, el juez de amparo resolvió que el entonces IFAI había violado el derecho a la información de la FJEDD y que sí es competente para determinar si hechos constituyen graves violaciones a derechos humanos para efectos de la publicidad de la información. Este fallo fue impugnado por la PGR y por el IFAI. El caso se encuentra ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Acceso a la información en Masacres de San Fernando y Cadereyta
Entrevista de Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho sobre el litigio para desclasificar información pública de las investigaciones de las masacres de migrantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Programa de Periodistas de a Pie en Rompeviento TV por los periodistas Daniela Pastrana, Luis Guillermo Hernández y Lydiette Carrión grabado el 24 de Agosto de 2015.
Programa completo en el canal Youtube de la Fundación para la Justicia
Una sentencia histórica
El 11 de Abril de 2014, el Juez Octavo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Fernando Silva García, falló a favor de la Fundación para la Justicia, garantizando su derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad de la sociedad en casos que implican violaciones graves a los derechos humanos.
Memorandum del litigio para derecho a la verdad en masacres de personas migrantes
Para tener acceso a la información y garantizar el derecho a la verdad en casos de graves violaciones a derechos humanos, la Fundación para la Justicia tuvo que recurrir a acciones de transparencia y de litigio. Ahora este litigio ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien deberá consolidar estos derechos en los casos de las masacres de migrantes así como para todos los casos de graves violaciones a derechos humanos para las víctimas y toda la sociedad.
Recopilación de los principales pasos para consolidar el derecho a la verdad
Columna del Comisionado Joel Salas del INAI sobre las masacres de migrantes
“La decisión que tomarán los jueces de la SCJN determinará si el INAI continuará abriendo información, entre otros, sobre San Fernando, Tlatlaya, Ayotzinapa y la guerra sucia, como lo ha hecho hasta hoy. Los ministros tienen la oportunidad de continuar la democratización de nuestro país a través del acceso a la información, ésta es el insumo para que la población exija cuentas a las autoridades de seguridad y avanzar en la construcción de un Estado democrático de derecho que termine con uno de los lastres de nuestra democracia: la impunidad.”
Artículo completo de Joel Salas, Comisionado del INAI en El Universal
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Acceso a la información para graves violaciones a derechos humanos
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho se suma a la campaña de Artículo 19 México para que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) levante la reserva decretada por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la investigación de la Masacre de 72 migrantes en San Fernando, toda vez que implica graves violaciones a derechos humanos.
Más información: Artículo 19.
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Día del migrante: Acceso a la justicia y Derecho a la verdad
En el marco del día internacional del migrante, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, en conjunto con Artículo 19 México, exhortaron, desde 2013, al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a que se pronuncien sobre las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas en 2010; las fosas de San Fernando, Tamaulipas con 193 víctimas, incluidos migrantes; y la masacre de 49 personas -incluidos migrantes- en Cadereyta, Nuevo León en mayo de 2012.
Esta información no puede caer bajo reserva alguna, de acuerdo con el último párrafo del Artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia. No conocer la verdad sobre estos hechos vulnera directamente a las víctimas y a la sociedad, en sus derechos a la justicia y a la verdad.
Cronología del largo camino para el acceso a la Información
Actualización del caso:
17 de noviembre de 2015
SCJN obligada a abrir información en casos de violaciones graves a derechos humanos
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Organizaciones alertan que existe la posibilidad de que se cierre la información para familiares de las víctimas, así como a cualquier investigador, periodista o persona interesada en casos de violaciones graves, como la desaparición de los normalistas o las atrocidades ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León.
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La decisión que tome la SCJN podría incluso cerrar el acceso a las actualizaciones del expediente de Ayotzinapa, que se abrió el 18 de septiembre pasado.
El próximo miércoles 18 de noviembre está en juego el acceso a la información de casos emblemáticos de violación de derechos humanos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá si la sociedad tiene derecho a saber la verdad sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas a lo largo de la historia.
Los ministros y ministra de la Primera Sala discutirán la desclasificación de expedientes de las tres masacres de migrantes perpetradas en México en 2010, 2011 y 2012. La decisión que tomen será decisiva para que las víctimas de estos hechos y la sociedad mexicana e internacional accedan a información sobre las atrocidades ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León.
Asimismo, los criterios que se definan impactarán directo en la garantía de conocer los archivos de otros casos de violaciones graves a derechos humanos. Por ejemplo, recientemente el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) ordenó la desclasificación del caso de Ayotzinapa para que todos pudiéramos hacer un escrutinio público informado sobre la “verdad histórica” del caso. Sin embargo, la decisión que llegue a tomar la Corte podría incluso revertir esta decisión.
Desde hace tres años, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y ARTICLE 19buscan la desclasificación de las averiguaciones previas que investigan estos graves hechos. La Corte, como última instancia, revisará el amparo ya otorgado por el Juez Fernando Silva, quien ordenó la desclasificación de los expedientes.
Este miércoles, los cinco ministros confirmarán o negarán la facultad del Instituto para desclasificar información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, por el interés público que reviste, aun cuando los casos no hayan sido catalogados como graves o estudiados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En sus consideraciones, los ministros no pueden dejar de observar que el INAI ha dado pasos significativos en la garantía del derecho, al desclasificar la averiguación previa de Ayotzinapa, caso que no cuenta con recomendación en firme de la CNDH. La información obtenida ha sido sumamente significativa para una construcción social de la verdad. En este sentido, si la Corte no otorga el amparo, se cerraría, por ejemplo, la posibilidad de que cualquier investigador, periodista o persona interesada llegue a acceder a más información sobre la desaparición de los normalistas.
Negar el acceso a San Fernando significa potencialmente cerrar a la sociedad Ayotzinapa y Tlatlaya. Pero también todas y cada una de las masacres, desapariciones, casos de tortura y ejecuciones ocurridas en México, que no han merecido una recomendación de la CNDH y menos una justa catalogación como graves violaciones de derechos humanos. Cerrar San Fernando, por tanto, es encubrir Apatzingán, Tanhuato, La Barca, las fosas de Durango o Allende; es relegar al olvido a Atenco, Acteal, Aguas Blancas y las atrocidades de la Guerra Sucia.
El 19 de octubre, el Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA), el Colectivo por la Transparencia, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (TDT) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación presentaron dos amicci curiae, en los que recomiendan a la SCJN que reconozca la facultad que tiene el INAI para pronunciarse sobre el interés público de la información relativa a violaciones graves a derechos humanos.
Sobre estos argumentos, hacemos un claro llamado a la ministra y ministros para recuperar los estándares fijados por ustedes mismos en el caso de acceso al expediente de Radilla Pacheco (A.R. 168/2011). El proyecto de sentencia que discutirán marca un viraje decisivo, en términos de acceso a la información, derecho a la verdad y rendición de cuentas, en medio del contexto marcado por graves violaciones de los derechos humanos.
