Azul A. Aguiar Aguilar
Junio 2025
La reforma judicial aprobada en 2024, que implica la destitución de todas las personas juzgadoras federales para someter sus cargos al voto popular, representó el golpe final a una serie de ataques constantes realizados en contra del Poder Judicial Federal (PJF) desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo, con el objetivo de debilitarlo y capturarlo por el grupo político en el poder. La remoción de personas juzgadoras no fue una casualidad.
El asedio en contra del PJF como contrapeso democrático fue una consecuencia directa del rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Poder Judicial de la Federación en general a reformas y otros actos de gobierno de gran relevancia para el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante el sexenio 2018-2024, los Poderes Ejecutivo y Legislativo realizaron una serie de ataques retóricos e institucionales que terminaron por deslegitimar a un Poder Judicial, que no logró alcanzar una mayor cercanía con la población. Sin duda, se requería de una reforma en torno a la impartición de justicia que volviera más eficiente y cercana a la justicia; sin embargo, la mencionada enmienda no tenía ese propósito. El objetivo principal de este gobierno era controlar al Poder Judicial, revistiendo como “democrática” una reforma por el simple hecho de someter la designación de personas juzgadoras al voto popular, cuando en realidad un régimen democrático no necesariamente implica que toda designación deba tener origen en la votación ciudadana.
El informe La independencia judicial en jaque. Ataques al Poder Judicial en México, 2018-2024 tiene como objetivo documentar tanto los ataques retóricos como los ataques en términos de diseño institucional (iniciativas de reforma) impulsados desde el Ejecutivo y el Legislativo en el periodo de 2018 a 2024. Este informe muestra la manera en que se fue construyendo una narrativa populista en contra del Poder Judicial y las reformas constitucionales que lo reconfiguraron. Se documenta cómo en un sexenio se logró subvertir la independencia judicial, en detrimento del equilibrio entre los poderes públicos y de la democracia.
De interés: (Video) Presentación del informe La independencia judicial en jaque. Ataques al Poder Judicial en México, 2018-2024
El informe se compone de cuatro capítulos. El primer capítulo desarrolla los antecedentes. Se explica cómo la reforma de 1994 permitió que el PJF se convirtiera en un verdadero contrapeso del Ejecutivo y del Legislativo. Antes de 1994, el PJF dependía directamente del Ejecutivo, pero la reforma de ese año reestructuró al sistema judicial en tres dimensiones: 1) independencia judicial, 2) poder de revisión constitucional y 3) gobierno judicial. Posteriormente, las reformas en materia de derechos humanos y de amparo del 2011 constitucionalizaron los derechos humanos contenidos en tratados internacionales y reforzaron al juicio de amparo como un mecanismo de garantía de los derechos de las personas, dándole una mayor capacidad a la SCJN para controlar la constitucionalidad y convencionalidad de las normas.
El segundo capítulo realiza un recuento de los ataques retóricos que fortalecieron la narrativa populista desde el Ejecutivo y Legislativo para debilitar y deslegitimar al PJF como un contrapeso de los poderes políticos. Se identificó que en el 30% de las conferencias de prensa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizaron ataques en contra del Poder Judicial, mientras que por parte de la Cámara de Diputados, se identificó que en 24% de sus sesiones, los diputados atacaron la legitimidad de las personas juzgadoras. El Senado lo hizo en 22% de las sesiones. Los ataques retóricos fueron clasificados en cuatro categorías: 1) deslegitimación; 2) separación de poderes; 3) presupuesto y salario; y 4) reforma judicial. Es posible advertir que conforme avanzó el sexenio y con la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte, se verificó un incremento en los ataques en contra del Poder Judicial. Entre enero de 2019 y septiembre de 2024, se observó que la mayoría de los ataques se centraron en deslegitimar al PJF.
En el capítulo tercero se presenta evidencia sobre la forma en la que las iniciativas de reforma judicial promovidas por las y los legisladores del partido MORENA y su coalición tenían la intención de debilitar al PJF. En total, en el sexenio se identificaron 135 iniciativas de reforma constitucional y de leyes secundarias que buscaron modificar la estructura institucional del Poder Judicial. Algunas de ellas atacaron varios aspectos de la independencia judicial como las remuneraciones, la propuesta de elección de personas juzgadoras y el incremento de integrantes en la Corte para que el Ejecutivo pudiera colocar a más personas cercanas y, de esa manera, modificar el equilibrio interno de fuerzas. Se identificó que el 52% de esas iniciativas fueron presentadas por legisladores de MORENA y su coalición, mientras que el resto fueron presentadas por legisladores de la oposición. Las iniciativas fueron clasificadas en cuatro dimensiones: 1) control judicial; 2) independencia judicial; 3) gobierno y carrera judicial; y 4) organización judicial. El 51.9% de esas iniciativas corresponden a la dimensión de “independencia judicial”, mostrando una tendencia clara hacia la intervención en el diseño institucional y autonomía del PJF.
Por último, el capítulo cuarto da cuenta delos impactos que tendrá la reforma constitucional al Poder Judicial de 2024, en tres elementos que involucran a la independencia judicial: 1) la elección popular de personas juzgadoras, 2) la instalación de un tribunal de disciplina judicial y 3) la nueva “carrera judicial”. Se explica que la elección politizará al Poder Judicial, ya que las personas juzgadoras actuarán conforme a las expectativas de sus electores, grupos de interés o de los partidos políticos que los respaldaron, comprometiendo su independencia y capacidad de control frente al poder. En cuanto a la creación de un tribunal de disciplina judicial, se explica que esta nueva instancia representa un modelo de rendición de cuentas sin controles, que socava el equilibrio de poderes y la independencia judicial. En cuanto a la nueva carrera judicial, la reforma aludida elimina la posibilidad de que perfiles con una amplia experiencia judicial lleguen a cargos jurisdiccionales superiores y, además, se permitirá que la mitad de los equipos de la personas titulares de juzgados y tribunales sean designados directamente por ellas, favoreciendo que el nepotismo se siga reproduciendo en los niveles intermedios del PJF.
Este informe muestra que los ataques retóricos e institucionales a la Corte y al PJF dieron resultado, logrando sepultar los cimientos del Poder Judicial construidos desde 1994, haciendo jaque a la independencia judicial. Con esto se da inicio a una nueva época judicial con un régimen político menos pluralista y más autoritario, en el que las decisiones políticas más relevantes y la disputa por los derechos son controlados por el partido en el gobierno, minando la posibilidad de contrapesos provenientes del Poder Judicial. Bajo la promesa de renovación y democratización del PJF, se terminó por vaciar la institución judicial para ser controlada por el poder mayoritario, vulnerando la independencia judicial y rompiendo el equilibrio de poderes. Lo único que se espera es que la justicia se politice mediante elecciones populares que no garantizan procesos ni perfiles idóneos. La reforma al poder judicial no resuelve los problemas para que la población y las personas más vulnerables puedan acceder a la justicia, por el contrario profundizará las brechas, generará un sistema opaco, poco eficiente y clientelar.
